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Se revela que la CFI financió expropiación de tierras en Camboya, Laos y Honduras

noticia|Proyecto Bretton Woods|8 July 2013|boletín 86|url
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Al tiempo que el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial sigue favoreciendo los fondos de capital privado, se afirma que los intermediarios financieros de la CFI han financiado 'apropiación de tierras" en el sudeste asiático y violaciones de los derechos de la población indígena en Honduras.

El presidente del Banco, Jim Yong Kim, apoyó la inversión de capital privado a mediados de mayo de 2013, en una conferencia organizada por la Corporación Financiera Internacional (CFI, el brazo del sector privado del Banco). De acuerdo con un blog del Banco "Kim dijo que si se aprovechara más el capital privado para los mercados emergentes, el mundo tendría una mejor oportunidad de lograr dos objetivos ambiciosos", o sea: la reducción de la pobreza y la promoción de la prosperidad compartida. Parece que él no hizo ninguna referencia a los casos controvertidos que han manchado la reputación de la CFI (ver Boletín 80, 79, 76), ni al reciente informe de auditoría (ver Boletín 84), el cual critica el fracaso de la CFI al no prestar atención a los riesgos ambientales y sociales asociados con las inversiones en el sector financiero. La CFI debe presentar un plan de acción al Directorio Ejecutivo del Banco en julio de 2013, en respuesta a la conclusión de la auditoría.

A principios de mayo de 2013, la ONG británica Testigo Global (Global Witness) publicó Barones del Caucho, donde alega que las inversiones de la CFI en el sector financiero de Vietnam han facilitado la apropiación de tierras y la tala ilegal en Camboya y Laos. El informe refuerza los llamados de las organizaciones de la sociedad civil que piden una revisión de la estrategia de la CFI para la inversión a través de intermediarios financieros (ver Boletín 85.

Según Barones del Caucho, desde 2010 "dos de las compañías más grandes de Vietnam, Hoang Anh Gia Lai (HAGL) y el Grupo Cauchero Vietnamita, han arrendado vastas extensiones de tierra para sus plantaciones en Laos y Camboya, con consecuencias desastrosas para las comunidades locales y el medio ambiente." La tierra ahora es utilizada para las plantaciones de caucho, y "en todas las comunidades visitadas por Testigo Global, la gente describió cómo su nivel de vida se había deteriorado cuando las filiales de HAGL se apropiaron de sus tierras y bosques". El informe también alega que las empresas "han violado en gran medida el límite legal de Camboya sobre la tenencia de la tierra".

La CFI está vinculada a través de su inversión en 2002 con el fondo de capital privado Dragon Capital Group, y de su posterior inversión directa con Dragon Capital a través del fondo vietnamita Enterprise Investments Limited (VEIL), propiedad de Dragon. Ambas empresas invierten en HAGL. También se puso en tela de juicio la eficacia de la CFI en la gestión del riesgo de inversión de intermediarios financieros, al ser revelado que cuando HAGL cotizó en la bolsa de Londres en el año 2011, admitió que se "estaba desarrollando proyectos sin la necesaria autorización del gobierno, sin permisos o licencias y que el desarrollo y el funcionamiento de determinados proyectos no cumplían con las leyes y reglamentos aplicables."

Aunque HAGL negó su participación en las actividades ilegales en una respuesta por escrito en abril de 2013, la compañía se reunió con Testigo Global a principios de junio, donde convino un plan de acción para resolver los problemas. Dragon Capital dijo que "había manifestado su buena voluntad para abordar las cuestiones a ser resueltas, a fin de garantizar que cumpliría con las normas ambientales y de gestión social en el futuro." La CFI indicó en su respuesta de mediados de mayo del 2013, "hemos ayudado y continuaremos ayudando para que la gerencia del fondo Dragon Capital ejecute un sistema de vigilancia social y ambiental que le ayude a llevar a cabo su debida diligencia sobre las normas, tanto como la supervisión de los fondos de inversión".

Megan MacInnes de Testigo Global, dice que la respuesta "hasta el momento ha sido muy positiva, ya que tanto las empresas como sus inversionistas están de acuerdo en tomar las medidas necesarias para hacer frente por lo menos a algunos de los problemas destacados en el informe."

Más preocupaciones sobre Honduras

La inversión de la CFI en FICOSHA, un banco comercial en Honduras, fue vinculada a la financiación de un proyecto hidroeléctrico ferozmente opuesto por los indígenas locales. A partir del golpe de estado en Honduras en 2009 se suspendió la Constitución y se promulgó la primera Ley de Aguas, la cual permite que empresas privadas tengan acceso a la gestión de los recursos hídricos. A partir de septiembre de 2010, 41 concesiones para represas hidroeléctricas fueron dadas por el régimen golpista, sin un proceso de transparencia y sin una consulta legalmente vinculante. Entre estas represas está la represa de 22-megavatios Agua Zarca que está siendo desarrollada por Desarrollos Energéticos S. A. La red de indígenas hondureños COPINH dice que FICOSHA está financiando la represa. En 2011 FICOSHA recibió una inversión de US$70 millones de la Corporación Financiera Internacional, además de una primera financiación en 2007. En el momento de la inversión de la CFI en 2011, el presidente del Banco Mundial explicó que los recursos fortalecerían la capacidad de FICOSHA para "apoyar… grandes proyectos que esencialmente impulsarán el desarrollo económico y social del país".

Según COPINH, el pueblo Lenca tiene bloqueado el acceso a la región del río Gualcarque en la provincia de Santa Bárbara en el noroccidente hondureño, para impedir el desarrollo de la represa Agua Zarca, que ellos han rechazado en sus sesiones abiertas y a través de un referéndum local. COPINH afirma que esta represa es una violación al derecho del pueblo Lenca por el consentimiento libre, previo e informado, violación que está siendo impulsada por las élites locales, incluyendo al jefe de FICOSHA. Una declaración a comienzos de abril de 2013 de las comunidades Lencas afirma: "Exigimos el desmantelamiento de la infraestructura que fue instalada sin nuestro consentimiento y exigimos que este proyecto abandone de inmediato nuestros territorios ancestrales".

En la India, el Defensor del Pueblo y Asesor en Materia de Observancia (CAO, el mecanismo de rendición de cuentas de la CFI) no pudo facilitar un arreglo en el primer caso sobre la inversión de la CFI a través de intermediarios financieros, relacionado con el Fondo de Infraestructura de la India (ver Boletín 76). Vijayan MJ de la ONG de la India Programa de Acción Social y uno de los denunciantes, dijo que la empresa involucrada, la Corporación GMR, "se había negado a aceptar los representantes de la comunidad" seleccionados para participar en un proceso de resolución de disputas. El caso pasará ahora a la función de cumplimiento del Defensor del Pueblo.

Traducción del inglés por Maria Eugenia Arzayús

Publicada: 8 July 2013, editada por última vez: 16 September 2013

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